Director: Daniel Enz
La mayor cantidad de cargamentos de drogas no pasa por los aeropuertos sino por el sistema portuario argentino, dice un informe de la Agencia norteamericana de lucha contra el narcotráfico. Los 60 kilogramos de cocaína hallados en España son apenas una muestra de un negocio que se consolida desde hace tiempo en el país. Hacia el 2000, por ejemplo, los territorios provinciales ya eran monitoreados por organismos de EE UU, aunque, contrariamente, los resultados han sido otros: creció el narcotráfico y, por ende, se afianzaron las rutas argentinas.
-Montiel y el Congreso Radical. Ya en tiempo de descuento el oficialismo inició una ofensiva destinada a apurar las definiciones de la oposición parlamentaria que finca en la Cámara de Diputados. El devenir de toqueteos, tomas y dacas derivó naturalmente en la conformación de una informal mesa chica de negociación. Fabián Rogel, Eduardo Solari y Osvaldo Fernández, con matices diferenciados, conformaban la avanzada radical más dialoguista.
El no rotundo al proyecto de reforma constitucional salido del reciente congreso radical puso en problemas al gobernador Jorge Busti y a su principal escudero, Sergio Urribarri. La decisión, conocida en la tardecita del sábado, sólo vino a confirmar lo que Busti (que tiene buenos amigos entre los correligionarios) ya sabía. Un confidente de ANALISIS cuenta que, cuando se enteró (días antes del congreso), que ya estaba tomada la decisión de rechazar la reforma, “se puso loco” y que en la reunión que mantuvo con legisladores de su palo, prometió “sal” y repartió diatribas para todos lados, incluso hacia adentro de su propio partido. Urribarri, principal operador de la movida reformista, quedó muy mal parado, quizá por eso, la grilla de justicialistas “acusados” por él de entorpecer el objetivo es cada vez más abultada. El dato no es menor hacia la interna del PJ; tampoco lo será para la oposición que ya comenzó a vivir en carne propia el significado de “repartir sal” a los ingratos. La denuncia penal ampliatoria contra el ex gobernador Sergio Montiel, contra su hijo Víctor y otros funcionarios dio cuenta de que, efectivamente, Busti anda con el salero en la mano, en el mejor de los casos, claro, porque lo que anticipó es un campo de salitre, no un simple salerito.
A mediados de 1985, el entonces titular del Poder Ejecutivo provincial, Sergio Alberto Montiel, fue informado sobre graves irregularidades que, por acción u omisión, se estaban cometiendo en el ámbito del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS). Pese al compromiso asumido por el mandatario, la supuesta investigación se fue diluyendo en el tiempo amañadamente y languideció hasta desembocar en medidas sancionatorias benévolas y ajustadas apenas a un par de chivos expiatorios. La política, una vez más, se había impuesto por sobre la justicia y el orden legal.
Aturdido tras la rotunda negativa del radicalismo a acompañar la reforma de la Constitución de Entre Ríos, el gobierno debió salir a improvisar una alternativa que deje abierta una puerta a la reelección del gobernador Jorge Busti. Si no hay cláusula reeleccionista “ahora mismo se desata una interna que deja al justicialismo partido en 10 pedazos y con la posibilidad de volver a la sombra”. El fatal diagnóstico no sale sino del propio bustismo, y por eso la desesperación. El oficialismo hace equilibrio entre el repentino odio contra la UCR y la necesidad de seducción hacia los otros bloques de diputados, con la esperanza de encontrar los cuatro votos salvadores.
El Senado aún no sancionó la ley de termas, pero cuando lo haga estará creando un organismo totalmente innecesario, que tendrá un directorio de cinco miembros, cada uno de los cuales recibirá sueldos cercanos a los 10.000 pesos mensuales. La ley de termas que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia crea un ente totalmente innecesario con un directorio de cinco miembros, cada uno de ellos con sueldos aproximados a los 10.000 pesos mensuales. El único requisito para integrar ese directorio es tener 10 años de residencia en Entre Ríos y ser nombrado, por supuesto, por Jorge Busti.
En un reportaje con ANALISIS, el diputado provincial Antonio Mainez (Nuevo Espacio-Concordia) se mostró expresamente crítico con el gobernador de la provincia y también con el radicalismo y con La Red. Dijo que en Entre Ríos “no hay base política, ni económica, ni moral, ni ética para tratar la reforma constitucional”. Sobre la consulta popular, dijo que es burlarse de la necesidad de la gente. Advirtió estar sorprendido por el interés de que ahora Busti quiera consultar: “Si tiene problemas con la interna -agregó- y no sabe gobernar, que se vaya”. Apoyó el paro docente y aseguró estar preocupado por el destino de los fondos que se iban a destinar a la reparación de escuelas. Afirmó que “ningún área pueda andar bien con el gobierno que tenemos, que es hegemónico y concentra mucho poder”. Finalmente, y ante los pasos cambiantes a su entender de algunos políticos, advirtió: “Tengo miedo porque veo que hay como cheques tirados en los pasillos de la Casa de Gobierno y están al portador”.
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