Es tentador aventurar que los sucesos ordinarios encierran alguna dimensión histórica, lo que los reviste de una significación mayor. Así, después del domingo se puede pensar que en Entre Ríos se acabó para siempre la era de los caudillos que hegemonizaron la política provincial desde la reinstauración democrática de 1983. Retirado Sergio Montiel, derrotado Jorge Busti, se concluye que ha comenzado un nuevo tiempo que entre sus novedades incluye la consolidación de una nueva generación. Quién sabe. Pronosticar a cuatro años, o a dos, encierra en la Argentina y en Entre Ríos la posibilidad de equivocarse feo. ¿Quién hubiera apostado por el actual estado de cosas hace un par de años? Pero el tercer lugar de Busti, relegado por poco por los radicales y desairado por mucho por los peronistas, es tan noticia como el hecho de que Sergio Urribarri capitalizó para sí la reforma constitucional acordada hacia finales del mandato anterior y estrenará personalmente la cláusula de la reelección consecutiva.

Enorme inquietud causó en la comunidad de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la controversia por la colocación de un sistema de cámaras de vigilancia en los pasillos de la Facultad de Trabajo Social. La iniciativa, impulsada por la decana, finalmente será tratada en el Consejo Directivo ampliado tras el revuelo mediático. Pero en rigor, este tipo de propuestas de control electrónico no son nuevas, aunque distintas han sido las posturas adoptadas por otras unidades académicas. En Económicas, ocho cámaras funcionan desde hace dos años, mientras en Educación, la carpeta para colocar los dispositivos que presentó una empresa de seguridad privada, ni siquiera pensó ser considerada. La Policía Federal no cuenta con personal ni consenso para custodiar estos espacios de jurisdicción nacional.

El Tribunal Oral Federal de Paraná leyó este viernes la sentencia del primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad desarrollado en la provincia. Cinco de los seis imputados fueron condenados por sustracción de un menor de 10 años y alteración o supresión del estado civil de los mellizos, pero el monto de las penas y la absolución de González generaron cierta disconformidad en los organismos de derechos humanos. La querella ya anunció que apelará la decisión del Tribunal.