Monte madre es una historia dolorosa en tiempos de la dictadura, pero también de vida. La primera obra de Jorge Miceli (santafesino, ex detenido político, periodista, actor y titiritero de raza) muestra como nadie la persecución militar y policial, en el monte chaqueño, a Remo Vénica e Irmina Kleiner, una pareja de jóvenes militantes de las Ligas Agrarias. Esos dirigentes parieron sus dos primeros hijos en el monte, vivieron de los animales y las frutas de la selva, tuvieron que entregar a su bebé a un matrimonio de campesinos -para que pudiera sobrevivir- y recién se reencontraron con ella seis años después, luego de padecer el exilio. En esta edición, ANALISIS anticipa los tres primeros de los 18 capítulos del libro, con prólogo del abogado Ricardo Monner Sans, recientemente presentado en sociedad.

En la primera entrevista que concede a un medio, el flamante secretario de Salud, José María Legascue, dialogó con ANALISIS sobre el trabajo por realizar, los tiempos que apremian y las metas anheladas en un área que reconoce como problemática. Cualquiera que converse con Legascue puede notar la ausencia de un discurso político armado. Eludir preguntas que apunten a ese sentido de la gestión pública no es premeditación, es el recurso de un profesional de la salud que plantea cuestiones concretas, como enumerar las tareas ejecutadas en los cuatro hospitales más importantes de la provincia o reconocer las dificultades en cuanto a recursos humanos o cuestiones estructurales. No obstante, las respuestas que brinda este médico obstetra lo muestran como un conocedor de los problemas más acuciantes de la provincia en materia sanitaria, sin que por ello estructure un discurso portentoso. Como tantos otros que lo antecedieron en este cargo público, su objetivo de máxima tiene que ver con lograr reducir lo que denomina los “indicadores perversos”, esto es mortalidad materna e infantil y mortalidad neonatal, entre otros. Aunque sabe que la conflictividad del área puede ponerlo en situación de riesgo.

Recientemente una noticia publicada por el sitio digital de Análisis, en coincidencia con el Día Mundial del Agua, dio cuenta de que entre el 16 y 22 de marzo se debatió en México la posibilidad de definir si el vital elemento pasará a ser considerado un bien comercial. Esta revelación quizás no pasaría de una rareza más de las tantas que se reciben a diario, si no resultara absolutamente compatible con los planes que la voracidad todo terreno de los poderosos del mundo viene urdiendo. De hecho, la participación en este cónclave de las transnacionales del agua es una señal elocuente del propósito de acelerar los avances para privatizar este recurso a nivel mundial. Un detalle no menor que contribuye a sostener este concepto lo da el hecho de que el tráfico de agua dulce entre países, figura entre los principales asuntos que promueven el denominado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un proyecto de los Estados Unidos destinado a controlar las economías de los países de todo el continente, bajo el burdo pretexto de impulsar la libre circulación de mercaderías y capitales desde Alaska hasta Tierra del Fuego (sigue en el interior).

Cuando el gobierno provincial resolvió intervenir el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), lo hizo por decreto. En ese instrumento también se incluía el mandato de realizar auditorías, y esa tarea quedó en manos de la Contaduría General y del Tribunal de Cuentas. Los resultados hablan de ciertas irregularidades en el lapso que va desde 2004 hasta los primeros meses de 2005: fuerte déficit, diferencias entre lo que se informó al Estado de ingresos y los datos internos, falencias en los créditos asistenciales y problemas en los modos de contratación de personal. Dirigentes identificados con los gremios docentes, estatales y judiciales le dijeron a ANALISIS que esa situación era denunciada por ellos desde el año 2002 y que nunca consiguieron que las anteriores autoridades del gobierno, ni las actuales, agotaran todo lo que tenían a su alcance para evitar las anomalías. “Quieren enlodar la tarea de los gremios para que nada cambie y que el IOSPER, convertido en negocio, siga en manos amigas del gobierno”, consideraron algunos entrevistados. El interés de estar al frente del instituto se entiende en sus números: 240.000 afiliados, 15 millones de pesos mensuales de recursos, 540 empleados y la posibilidad de negocios de sumas astronómicas con los prestadores.

El ex tesorero municipal Ángel Giménez se presentará a declarar el 7 de mayo en la causa que lo mantiene detenido desde julio del año pasado por la desaparición de 2,6 millones de pesos de las arcas de la comuna. Las especulaciones por estas horas señalan que Giménez podría “prender el ventilador”, y apuntar hacia las responsabilidades políticas, lo que generaría fuertes repercusiones, según pudo determinar ANALISIS.