Una pericia plagada de irregularidades realizada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación determinó que el represor Juan Carlos Ricardo Trimarco está imposibilitado de declarar como imputado en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná y esa situación podría extenderse a las otras investigaciones por los crímenes cometidos durante la dictadura en Entre Ríos. Sin embargo, el informe, al que accedió ANALISIS, fue impugnado por la querella porque el perito de parte no fue notificado aunque su nombre fue incluido falsamente en el documento remitido a la Justicia Federal.

“Entre Ríos será una gran provincia si logramos cambiar las relaciones con el poder central y si acordamos un proyecto que incluya a todos los entrerrianos”, reflexionó en una entrevista con ANALISIS, el convencional constituyente radical Rubén Villaverde y agregó: “la dependencia genera obsecuencia o castigo”. Sobre su sanción dijo que los miembros del comité provincial que votaron en su contra fueron hipócritas, necios y tuvieron una actitud ridícula”. En ese sentido aseguró que no va a apelar ni que tampoco se va a ir del partido y, de cara al futuro partidario, se mostró contrario a los consensos que solo significan amontonamiento. Criticó a medias la reelección que propone la convención también observó los temas que le preocupan y ponderó a sus colegas Rogel, Carlín, Alasino, Kunat, Romero y Martínez. Dijo que la UCR sigue siendo la oposición, habló de los Kirchner, justificó a Montiel y analizó las gestiones de Urribarri y Halle. Finalmente advirtió lo preocupante que significan los problemas internos en el gobierno y los difíciles indicadores que existen en la provincia.

Ya pocos tienen dudas a esta altura de que la obra e implementación de la nueva planta potabilizadora de Paraná es un desastre. A las continuas fallas de infraestructura, ahora se le ha visto consumado un temor que todos anticipaban. La antigua red de cañerías de la ciudad no soporta la presión de las bombas de impulsión colocadas en la central de Rondeau y Echeverría. Esta vez el último daño fue de significación, ya que se rompió un caño maestro de 750 milímetros que lleva agua cruda a la actual procesadora en Avenida Ramírez. El daño, se advirtió, fue con suerte: no afectó la salud de la población y no se produjo en verano. El diseño de la red es seriamente cuestionado y nadie pronostica qué pasará cuando se comiencen a utilizar las viejas cañerías del casco céntrico con la alta presión de bombeo. La falta de previsión es tal que la cesión en comodato del predio del subcentro distribución que se debe construir en Avenida Ejército estaría vencida, ya que se habría realizado tan sólo por tres años.

El Tribunal Oral Federal de Paraná impuso una condena ejemplar: no sólo aplicó prisión condicional para un conocido empresario y un contador, sino que, además, inhabilitó por cuatro años al profesional en cuestión. El empresario es Sebastián Krochik, hijo del conocido abogado Héctor Krochik, quien se viera involucrado en varios casos de lavado de dinero en la última década. El contador es Julio Budasoff, un hombre estrechamente ligado a los sectores de poder de la capital entrerriana y en especial el hacedor de números de varios encumbrados dirigentes políticos, a la hora de mostrar sus estados contables. A los dos se los acusó de fraguar documentación a través de la ahora desaparecida firma Krochik Sociedad Anónima –dedicada a la venta de automotores– y provocar una evasión de 1,8 millones de pesos/dólares a la AFIP

“Hace un par de años, me cambié de casa y me cambié de nombre. La política favoreció un poco mi decisión; en Buenos Aires, la policía me había fichado durante una manifestación y como yo no tenía, a pesar de mis ideas avanzadas, ningún respaldo solidario por no pertenecer a ninguna organización clandestina, me pareció razonable cambiar de domicilio y desparecer por un tiempo. Así que me tomé el ómnibus y me vine para esta ciudad, que en verano se cocina a la orilla del gran río.

Uno menos