El cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri no deja de hacer negocios. Está visto que le preocupa poco y nada a Juan Pablo Aguilera el lento avance de la justicia por causas de corrupción que lo involucran y seguramente se habrá envalentonado con el okey que le dio Cristina Fernández a la candidatura del marido de su hermana. Por un lado, se metió de lleno en el negocio del transporte de carga –con un testaferro que no podría justificar su crecimiento patrimonial en la empresa SIA, en su explosión comercial desde fines de 2014-, como así también en la construcción de viviendas, según pudo saber ANÁLISIS.

Acosado por causas penales que lo comprometen, Sergio Urribarri huye hacia adelante. Redobla la apuesta. Esta semana dejó trascender que está dispuesto a jugar una candidatura a gobernador que, para prosperar, debe sortear numerosos obstáculos políticos y jurídicos. Alineado con el kirchnerismo y apostando a un escenario nacional que refuerce sus aspiraciones, el presidente de la Cámara de Diputados ya mandó a estudiar, incluso con abogados porteños, la disposición constitucional que, a primera vista y según se consideraba cosa juzgada, le veda la posibilidad de convertirse nuevamente en el primer mandatario de Entre Ríos.

El Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) contrató, en 2014, a Pirámide Technologies SA, de Buenos Aires, para la provisión de un Sistema de Gestión Vertical de Seguros Generales y ART. Según una auditoría externa a la que accedió ANÁLISIS, de 17 módulos integrantes del proyecto, solamente tres se pusieron en funcionamiento al ciento por ciento. Esto derivó, tres años después, en la recisión del contrato con la empresa. Pero antes, con la complicidad del exgerente General del Instituto, Martín Fernández, quien visaba órdenes de pago que eran ejecutadas, sin objeciones, por la gerente Administrativa Financiera y directora del proyecto, Verónica Tellechea, -ahora despedida con justa causa- se le abonó a Pirámide Technologies SA más de 31 millones de pesos.

El mes pasado cerró la recepción de libros para competir en el mayor certamen literario de Entre Ríos, el premio Fray Mocho, que en esta oportunidad convocó a participar en el género Poesía. El certamen se creó en 1968 pero ese año fue declarado desierto en el género Ensayo. En 1969 se convocó en la categoría Cuento y en 1970 en Teatro. Recién en 1971 se galardonó por primera vez a la Poesía y los libros ganadores fueron De todo un poco de María Luisa Cresta de Leguizamón y Al galope del trigolino de José María Díaz. En aquel entonces los ganadores fueron dos porque la convocatoria incluía un premio adjunto denominado “Al tema entrerriano”, que recibió Díaz con su conjunto de cuatro poemas.

Las propuestas que presenta la ciudad hasta el próximo 25 de agosto, lugar por lugar, con horarios y detalles de las actividades.

Manuel Alejandro Elsesser es un joven albañil de 26 años que perdió gran parte de la visión de su ojo izquierdo en un accidente laboral mientras se desempeñaba como empleado de la firma Econde SRL de Paraná. Pese a intentar que la ART se hiciera cargo de la cobertura médica, no logró que la empresa aceptara la relación laboral e inició una demanda judicial que salió desfavorable. “Obviamente los empresarios tienen llegada en Tribunales o pusieron plata, y así era obvio que la justicia no me respaldara”, denunció en diálogo con ANÁLISIS. Según la causa judicial, el arquitecto Fernando Raiteries, socio gerente de la empresa que se dedica al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios y proyectos constructivos, “no por su calidad de arquitecto, sino por su profesionalidad al estar capacitado para los negocios”, y –casualidad o no- la dirección de la constructora es la misma donde funciona el estudio jurídico Raiteri – Ormaechea. Desde este estudio de abogados, Pedro Antonio Raiteri es quien patrocinó a Econde SRL y ganó la pulseada.

La judicialización de una ordenanza que en la ciudad de Gualeguaychú destierra el uso del famoso herbicida desarrollado por Monsanto desató una polémica de consecuencias inusitadas. Apelando al derecho ambiental y de la salud, una normativa de rango municipal avanzó sobre una carencia regulatoria provincial. Si bien el desarrollo sustentable y la preservación ambiental fueron consagrados en la reformada Constitución de Entre Ríos de 2008, impera la orfandad en materia legislativa. Se ha hecho evidente asimismo la ausencia de reglamentaciones nacionales en torno a las consecuencias negativas derivadas de la utilización de agrotóxicos. ANÁLISIS consultó a letrados ambientales quienes trazaron un panorama sobre cuál es el trasfondo que comenzó a discutirse con el trascendente caso.