Un triste episodio recurrente en la historia triste de los argentinos. Un hecho trágico en la gran tragedia nacional. Un manchón más en la cadena de atropellos y sinrazones que desde el poder político insisten en su vieja metodología del bastón, el gas lacrimógeno, la bala de goma (y a veces la de plomo también), como lenguaje familiar con el que los déspotas manifiestan sus argumentos (sigue en el interior).

-Represión. Antes, cuando todavía no existían las granadas de gas lacrimógeno, los policías destinados a provocar los daños mayores en la represión apuntaban sus pistolas al piso para que la bala rebotara antes de dar en el blanco. De esa manera, el accionar represivo se cubría de eventuales imputaciones penales y el poder político salvaba las responsabilidades atribuyendo los sucesos a la casualidad.

La licencia de los funcionarios

El ex senador provincial Félix Abelardo Pacayut (PJ-Islas) puede transformarse en los próximos meses en el otro hombre fuerte del poder político en los últimos 15 años que terminará con una condena judicial por el desvío de fondos públicos. “En el bustismo hace ya un tiempo que le soltaron la mano”, señalan en altas esferas del oficialismo. Está procesado por la causa de defraudación en el manejo millonario de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para la construcción del Puerto Ibicuy, que próximamente irá a juicio oral y público y una serie de movimientos erróneos en su vida política y empresaria le provocaron una abrupta caída. Optó por quebrar, desprenderse de sus bienes -un par de empresas que construyó mientras era legislador menemista-, pero mediante testaferros estaría desarrollando otros emprendimientos en el sur de la provincia y en la zona costera santafesina, según pudo determinar ANALISIS. En las últimas elecciones intentó acercarse al gobernador electo Sergio Urribarri, pero no le dieron lugar, porque ya le habían bajado el pulgar. Se presentó solo como candidato a senador provincial -en la desesperada búsqueda de fueros-, pero volvió a perder, tal como en las internas de 2003.

Fue fiscal de Estado durante el primer gobierno de Jorge Busti y hoy es uno de los abogados de mayor prestigio en Entre Ríos. Raúl Barrandeguy critica la estrategia de gestión de su ex jefe, el poco control sobre los actos de gobierno y hasta la postura jurídica en torno al conflicto por las pasteras. Opina sobre las designaciones en el STJ, considera que las presiones del poder político hacia la Justicia son inherentes al sistema y repasa los puntos más salientes de su paso por la función pública.

En marzo cayeron 517 milímetros de agua en Paraná. El registro pluvial actual, si bien es atípico se asemeja al de hace 70 años. El accionar del hombre, sus rutinas y costumbres agravan la situación en numerosas zonas de nuestra ciudad afectadas por el cambio climático. El Parque Urquiza ha sufrido un deterioro notable según los expertos hídricos y geólogos, que no dejan de advertir sobre la falta de mantenimiento de las obras de drenaje al tiempo que se muestran partidarios de “restringir la circulación de tránsito” por la zona y alertan sobre el peligro que implica la construcción de edificios sobre terrenos que se van desmoronando. Opinan que “las barrancas todavía no han parado de moverse”.

Silenciados y desplazados a expresiones reducidas de representatividad, las fuerzas políticas de la oposición se han internado en un profundo silencio. La trampa electoral que dividió al justicialismo en fracciones oficialista y opositora dejó tecleando en Entre Ríos el juego de las minorías que alimenta al sistema republicano. La situación podría derivar en un delicado panorama institucional si -como comienza a advertirse- gran parte de los justicialistas díscolos ponen las velas en dirección al regreso hacia el ruedo del oficialismo. De ese modo, varios concejos deliberantes quedarían sin minorías o reducidas éstas casi a la mínima expresión. Los radicales no muestran deseos de ejercer una oposición por el espasmo permanente al que están sometidos producto de los últimos resultados electorales. En la Concertación Entrerriana prometen seguir dando lucha cuando todavía no se ha realizado una correcta evaluación ya no de estas elecciones últimas, sino del profundo desguace de su cantera de dirigentes. La izquierda se atomizó generando expresiones que recalaron en la Concertación, en el solanismo, en el camino independiente y hasta dando lugar a los que trabajaron para Sergio Urribarri, como una de las fracciones de La Red. Ante la falta de oposición de los partidos políticos, cualquier esperanza de voz crítica que ponga en cuestión alguna medida del poder hegemónico hay que buscarla en colectivos alternativos.

El médico otorrinolaringólogo Hugo Mario Moyano es uno de los 13 imputados en la causa en la que se investigan las aberrantes violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar tras la caída de las leyes de impunidad en el “Área Paraná”. De acuerdo con las denuncia, era quien revisaba a los detenidos-desaparecidos antes, durante y después de las torturas. Desprocesado tras la sanción de la Ley de Obediencia Debida en 1987, poco tiempo después accedió por concurso al cargo de Jefe de Clínica del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Martín de Paraná, que aún detenta. El hecho marca una abierta contradicción en un gobierno que ha hecho de los derechos humanos una bandera y que, según pudo determinar ANALISIS, no tendría impedimentos para iniciarle un sumario administrativo. De hecho, tras el escrache de la agrupación HIJOS, en la Secretaría de Salud han comenzado a estudiar los mecanismos legales para su desplazamiento, tal lo comentado por algunas fuentes.